Hostelería de España apela a la sensibilidad y responsabilidad del Gobierno para paliar al máximo los efectos que la crisis sanitaria está ocasionando al tejido empresarial y, más concretamente, al sector hostelero. Desde la organización considera insuficientes las medidas económicas anunciadas durante el Consejo de Ministros celebrado ayer para paliar los efectos del coronavirus.

Aunque Hostelería de España reconoce el esfuerzo del Gobierno para frenar los efectos económicos de la pandemia al movilizar 200.000 millones de euros, así como las medidas tomadas en relación a la flexibilización de los ERTES y las destinadas a garantizar la liquidez de las empresas, consideran que se hace necesario adoptar más medidas para evitar la quiebra de los más de 300.000 negocios hosteleros con los que se cuenta en toda España.

El 95% de estos establecimientos tienen menos de diez empleados en plantilla y de ellos el 45% no cuenta con trabajadores

Además, es necesario tener en cuenta que el 95% de estos establecimientos tienen menos de diez empleados en plantilla y de ellos el 45% no cuenta con trabajadores, de tal manera que un alto porcentaje de estos negocios dependen exclusivamente de los autónomos. De tal manera que, ante el daño que está ocasionando la crisis del coronavirus a los autónomos del sector, Hostelería de España considera necesaria la suspensión de la cotización de autónomos de hostelería.

Al mismo tiempo, pide la suspensión de cualquier obligación de pago de los establecimientos hosteleros a los administradores, como son el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y resto de impuestos municipales como, por ejemplo, los impuestos de las terrazas. Es por ello que desde la organización extienden sus reivindicaciones a otros ámbitos administrativos, como los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, que tienen competencia directa en este tipo de impuestos.

También consideran necesaria la supresión de todas las tasas e impuestos en todos los suministros de energía. Mientras que, a su vez, se requiere la renegociación de pólizas y una financiación bancaria con mayor flexibilidad con el fin de evitar la desaparición de los negocios.

Por último, Hostelería de España solicita al Gobierno la suspensión de las obligaciones económicas de los establecimientos hosteleros con los arrendadores de sus negocios, al no encontrarse estos en su normal funcionamiento, tal y como el presidente francés ha anunciado que hará en su país.