La Asociación Marcas de Restauración, que agrupa a las principales cadenas de restauración organizada del país y está integrada por 41 empresas, ha reiterado su apoyo al Gobierno en la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, considera insuficientes las medidas económicas y laborales que se han tomado y pide más apoyos.

No hay que olvidar que el sector hostelero es una industria que actúa de motor económico y supone un pilar clave en la economía española. De hecho, aporta un 6,2% del PIB nacional y emplea a un total de 1,7 millones de personas, un 1,3 en actividades de restauración, suponiendo un 8,7% del empleo total de España, según datos del Anuario de Hostelería de España de 2019.

Las 41 marcas que integran la Asociación facturan más de 7.000 millones de euros a través de los más de 6.000 locales que la componen y generan 200.000 empleos directos

Respecto a las 41 marcas que integran la Asociación, cabe decir que facturan más de 7.000 millones de euros a través de los más de 6.000 establecimientos que la componen, y generan 200.000 empleos directos. Es por ello que desde Marcas de Restauración piden al Gobierno más medidas para evitar la quiebra de todos estos establecimientos, especialmente en materia fiscal, de arrendamiento y suministro eléctrico.

Además, las empresas representadas por la Asociación consideran solo un primer paso las medidas de índole laboral, y piden incentivar aún más la flexibilidad y la agilidad de la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), e insisten en la necesidad de la suspensión de la cotización de los autónomos de restauración.

También reclaman la suspensión de cualquier obligación de pago de los establecimientos a los administradores, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el resto de tributos municipales, como los correspondientes a las terrazas, extendiendo así sus peticiones a ayuntamientos y gobiernos autonómicos.

Por otro lado, las empresas consideran imprescindible que el Ejecutivo se pronuncie en materia de arrendamiento y solicitan la suspensión de las obligaciones económicas de los establecimientos con los arrendadores de sus negocios. De igual forma, en lo que respecta al suministro energético, piden la suspensión de todas las tasas e impuestos en todos los suministros de energía.