Las asociaciones Adisbask y Adisalava, que representan el sector de la distribución a hostelería en Euskadi, alertan de la falta de reconocimiento de fuerza mayor en los ERTE del sector en el País Vasco.

Y es que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Trabajo y Justicia, está considerando que las empresas de distribución, que han perdido el 95% de su actividad por el decreto de estado de alarma, no tienen causa de fuerza mayor para la presentación de los ERTE. Una realidad que puede suponer el cierre de 200 empresas y la pérdida de más de 3.500 empleos directos en dicha comunidad autónoma.

“Sorprende el agravio comparativo que supone en estos graves momentos para las empresas de distribución a Horeca en Euskadi, el hecho de que es la única comunidad autónoma que ha emitido resoluciones no aceptando la fuerza mayor en la petición de ERTE para el sector”, afirma Josean Sancho, presidente de Adisbask, y añade que “hay ya muchas resoluciones aceptando la causa de fuerza mayor en los ERTE de empresas del sector en Cataluña, Galicia, Castilla León, Castilla la Mancha y Andalucía y que incluso, debido a la gran acumulación de peticiones de ERTE, en muchos casos está pasando el plazo de 5 días sin contestación, lo que supone su admisión por silencio administrativo”.

Por otra parte, la patronal vasca para la distribución en el canal Horeca y de restauración recuerda que el efecto del cierre de los establecimientos a razón del COVID-19, es directo para las empresas del sector suponiendo una paralización casi total de su actividad. “Es un sector sin clientes: la totalidad de sus clientes de hostelería están cerrados, y solo han realizado unos servicios mínimos, aquellos distribuidores que suministran centros hospitalarios, gasolineras y las pequeñas tiendas de alimentación que permanecen abiertas”, ha señalado el presidente de Adisbask.

Además, ha expresado la necesaria rapidez en el proceso de solicitud y procedimiento de los ERTE, como clave para poder adaptarse al nivel actual de actividad sin llevar a cabo despidos y permitir a las empresas de distribución su supervivencia para cuando se pueda regresar a la situación normal.